¿Qué es la reforma fiscal integral? (I)

Una necesidad impostergable

A tí te toca encender el fuego - "Prender el fósforo" - Emilian Robert Vicol - http://bit.ly/sGIq8FYa lo decíamos en la columna anterior: las finanzas públicas están pasando uno de los peores momentos de los últimos años. La crisis económica mundial y la forma en que recaudamos y dejamos de recaudar impuestos, nos están llevando a la bancarrota del Estado. A esto agreguemos que el gasto público no se ejecuta de la manera más efectiva posible y, finalmente, que muchos nos sentimos un poco desanimados con la función pública, aunque sepamos que de esta depende el bienestar, el desarrollo, la competitividad y la gobernabilidad de cualquier nación.

¿De qué se trata la tan mencionada, vilipendiada, añorada y difícilmente concretada reforma fiscal integral? El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) es una instancia formada en 2006 por el Consejo Nacional de Acuerdos de Paz, con el objetivo de proponer acciones que materializaran los principios y compromisos acordados en el Pacto Fiscal. En 2008, el GPDF propuso una serie de cambios en el gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas, la administración de los tributos, y en los propios tributos. A esta propuesta se la ha denominado reforma fiscal integral. Reformas fiscales integrales pueden haber muchas. El valor de esta radica en que respeta el espíritu del Pacto Fiscal, y además, cuenta con el aval de muchísimos y rigurosos estudios técnicos.

El desarrollo del país no depende del antojo político o la arbitrariedad privada.

Las propuestas del GPDF cambian las reglas del juego y permiten modernizar la hacienda pública de Guatemala. Algo muy importante, permiten elevar los recursos del Estado hasta conseguir una carga tributaria que represente el 13.2% del Producto Interno Bruto (PIB). La carga tributaria actual ronda el 11% PIB, lo que hace a Guatemala uno de los Estados con menos recursos para salir adelante.

Mejorar el gasto

Por el lado del gasto, la propuesta del GPDF promueve medidas para mejorar la asignación del gasto público, mejorar y reorganizar su gestión y continuar avanzando en la transparencia. De esto se deriva una serie de acciones, tales como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (ya vigente); el aumento de controles a los fideicomisos, por medio de una ley específica; más controles para las ONGs; reformas a la Ley de compras y contrataciones del Estado y a la Ley Orgánica del Presupuesto; normas para el control de los compromisos de gasto; mejoras en la contabilidad pública de las municipalidades y Consejos de Desarrollo; y, finalmente, reformas para mayor autonomía y mayor fortalecimiento de la Contraloría de Cuentas; y la institucionalización de espacios ciudadanos para la rendición de cuentas.

En otros aspectos, se pide una revisión al Servicio Civil, pues este no es atractivo ni retiene al mejor recurso humano; en el caso del proceso de presupuestación la propuesta del GPDF pide que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se comprometan públicamente a que el proceso de asignación de recursos se sistematice en función de las prioridades del Estado. Estas prioridades han sido plenamente identificadas por SEGEPLAN y por la sociedad misma, garantizando así que el desarrollo del país no dependa del antojo político o la arbitrariedad privada, sino de lo que imponen la Constitución y las leyes de la República.

Próxima entrega: mejorar los ingresos

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